OBSERVATORIO DEL MEDIO AMBIENTE PERUANO BOLETIN NUMERO 9
DIRECTOR: Pedro A. Ventocilla Olaya
DIRECCION: Av. Manco Cápac 1180 Of. 201
TELEFONO: 989942091
ASESORIA LEGAL: Estudio Jurídico Espinoza&Guzman E-MAIL: boletinomap@gmail.com BLOG: http://boletinomap.blogspot.com/
CONSEJO EDITORIAL:
Carlos Franco
Carlos Franco
Manuel Ungaro
Iván Budinich
A NUESTROS 14,838 LECTORES:
Iniciamos el año 2009, los agoreros dicen que será un año muy malo económicamente hablando, pero después de lo visto en el año 2008, es difícil pronosticar lo que acontecerá durante los próximos meses.
Se han promulgado leyes que tienen que ver directamente con el tema del agua, pero ya hay muchas voces de los ambientalistas en desacuerdo; hace pocos días hemos tenido un incendio forestal en Lima, acá cerquita nomás, en los Pantanos de Villa, hay un paro agrario en el interior del país.
Mientras tanto, ha transcurrido más de un año y las obras de reconstrucción, en la zona afectada por el sismo del año 2007, no avanzan.
Pero hay noticias esperanzadoras, el TLC entre el Perú y USA ya es una realidad, ahora falta que el gobierno brinde las condiciones necesarias para que nuestro país sea competitivo.
La guerra entre Israel y Hamas aun no se detiene, si bien Israel tiene todo el derecho de defenderse, la población civil debe ser respetada, quienes no participan de la guerra tienen derechos y estos deben ser respetados, no deben ser considerados como daños colaterales.
Elevemos nuestras oraciones para que cese el fuego y reine la paz en el medio oriente.
El Menú del Boletín número 9 del Observatorio del Medio Ambiente Peruano es:
Mientras la flora de Pantanos de Villa arde, meten cabe a diestra y siniestra en torno a la ley forestal, por Carlos Franco; Biocomercio sostenible en el Perú por Freddie Armando Romero; Arequipa: en camino a la seguridad y soberanía alimentaria por Herminio Ludeña Enciso; Los resultados de Poznan por Iván Budinich; Refinerías obtienen sobreganancias, mientras rebaja a consumidores es una burla por Victor Medina Calderon, Análisis de casos sobre la gestión del agua potable y saneamiento en Latinoamérica por Raúl Ampuero, Rocio Bustamante, Vladimir Cossio y Franz Quiroz.
Como siempre esperamos que sea de su agrado.
MIENTRAS LA FLORA DE PANTANOS DE VILLA ARDE, METEN CABE A DIESTRA Y SINIESTRA EN TORNO A LA LEY FORESTAL
Se han promulgado leyes que tienen que ver directamente con el tema del agua, pero ya hay muchas voces de los ambientalistas en desacuerdo; hace pocos días hemos tenido un incendio forestal en Lima, acá cerquita nomás, en los Pantanos de Villa, hay un paro agrario en el interior del país.
Mientras tanto, ha transcurrido más de un año y las obras de reconstrucción, en la zona afectada por el sismo del año 2007, no avanzan.
Pero hay noticias esperanzadoras, el TLC entre el Perú y USA ya es una realidad, ahora falta que el gobierno brinde las condiciones necesarias para que nuestro país sea competitivo.
La guerra entre Israel y Hamas aun no se detiene, si bien Israel tiene todo el derecho de defenderse, la población civil debe ser respetada, quienes no participan de la guerra tienen derechos y estos deben ser respetados, no deben ser considerados como daños colaterales.
Elevemos nuestras oraciones para que cese el fuego y reine la paz en el medio oriente.
El Menú del Boletín número 9 del Observatorio del Medio Ambiente Peruano es:
Mientras la flora de Pantanos de Villa arde, meten cabe a diestra y siniestra en torno a la ley forestal, por Carlos Franco; Biocomercio sostenible en el Perú por Freddie Armando Romero; Arequipa: en camino a la seguridad y soberanía alimentaria por Herminio Ludeña Enciso; Los resultados de Poznan por Iván Budinich; Refinerías obtienen sobreganancias, mientras rebaja a consumidores es una burla por Victor Medina Calderon, Análisis de casos sobre la gestión del agua potable y saneamiento en Latinoamérica por Raúl Ampuero, Rocio Bustamante, Vladimir Cossio y Franz Quiroz.
Como siempre esperamos que sea de su agrado.
MIENTRAS LA FLORA DE PANTANOS DE VILLA ARDE, METEN CABE A DIESTRA Y SINIESTRA EN TORNO A LA LEY FORESTAL
Carlos Franco Pacheco (*)
Tanto el arequipeño Carlos Leyton y el juniano Sandro Chávez se han mostrado muy preocupados por la problemática forestal. Y es por ello que no han dudado en anunciar que, por un lado, una nueva Ley Forestal, y de otro lado, que la guerra continua.
Esto sucede en circunstancias que el área natural protegida Pantanos de Villa ardía por un incendio provocado por la falta de seguridad, autoridad y de indefinición de limites. Allí donde Leyton mete cabe a la administración central con un balance inadecuado para la biodiversidad.
Lo trascendente de la situación es que Carlos Leyton metió cabe a Sandro Chávez, luego que algunas redes ambientalistas le hicieron lo propio. Así mientras, por un lado actuaba Foro Ciudades para la Vida con la ONG FORO ECOLOGICO enviando emails por Internet, otros preferían estar al margen, manteniendo una burocracia dorada. Leyton presentó a nombre del Ejecutivo un proyecto de Ley Forestal.
La aprobación de la Ley Forestal el 13 de enero, significó que el arequipeño le meta cabe al ucayalino Roger Najar, que en las ultimas semanas manejada un aparente consenso sobre la derogatoria del DL 1090 conocido como Ley Forestal y de Fauna Silvestre.
Conforme a las declaraciones de Leyton, la propuesta aprobada surge de un consenso, y tiene como elemento central un rol promotor del Estado en el tema forestal con la prevalencia de un Plan Nacional de Desarrollo Forestal, aunque con las mismas debilidades del DL 1090.
El mundo de hoy exige más lideres con visión para habilitar a los actores sociales, a fin de asegurar el desarrollo comunitario forestal y una propuesta de amazonía que le devuelva a las comunidades indígenas el control del bosque. Ahora, queda el terreno del TC. Debo recordar que en Colombia, el TC decidió declarar nulo la Ley Forestal. Pero, para ello, debemos fortalecer el movimiento ciudadano ambientalista, sin generales. Evitemos la guerra.
(*)Ex - integrante del CD RED FORO ECOLOGICO
Tanto el arequipeño Carlos Leyton y el juniano Sandro Chávez se han mostrado muy preocupados por la problemática forestal. Y es por ello que no han dudado en anunciar que, por un lado, una nueva Ley Forestal, y de otro lado, que la guerra continua.
Esto sucede en circunstancias que el área natural protegida Pantanos de Villa ardía por un incendio provocado por la falta de seguridad, autoridad y de indefinición de limites. Allí donde Leyton mete cabe a la administración central con un balance inadecuado para la biodiversidad.
Lo trascendente de la situación es que Carlos Leyton metió cabe a Sandro Chávez, luego que algunas redes ambientalistas le hicieron lo propio. Así mientras, por un lado actuaba Foro Ciudades para la Vida con la ONG FORO ECOLOGICO enviando emails por Internet, otros preferían estar al margen, manteniendo una burocracia dorada. Leyton presentó a nombre del Ejecutivo un proyecto de Ley Forestal.
La aprobación de la Ley Forestal el 13 de enero, significó que el arequipeño le meta cabe al ucayalino Roger Najar, que en las ultimas semanas manejada un aparente consenso sobre la derogatoria del DL 1090 conocido como Ley Forestal y de Fauna Silvestre.
Conforme a las declaraciones de Leyton, la propuesta aprobada surge de un consenso, y tiene como elemento central un rol promotor del Estado en el tema forestal con la prevalencia de un Plan Nacional de Desarrollo Forestal, aunque con las mismas debilidades del DL 1090.
El mundo de hoy exige más lideres con visión para habilitar a los actores sociales, a fin de asegurar el desarrollo comunitario forestal y una propuesta de amazonía que le devuelva a las comunidades indígenas el control del bosque. Ahora, queda el terreno del TC. Debo recordar que en Colombia, el TC decidió declarar nulo la Ley Forestal. Pero, para ello, debemos fortalecer el movimiento ciudadano ambientalista, sin generales. Evitemos la guerra.
(*)Ex - integrante del CD RED FORO ECOLOGICO
BIOCOMERCIO SOSTENIBLE EN EL PERÚ
Por Freddie Armando Romero
Según PROMPERÚ, actualmente, el comercio mundial de productos provenientes de la biodiversidad ha alcanzado una notoria importancia y viene abriéndose paso en una economía global cada vez más abierta y dinámica. Paralelamente a este suceso, somos testigos de la mayor relevancia de los aspectos sociales y ambientales en las preferencias de los consumidores que han dado origen al surgimiento de nichos de mercados, donde se brinda especial atención al sistema de manejo de los recursos, así como en el impacto social y ambiental que genera su producción. Tal es el caso de los mercados de productos orgánicos, mercados verdes y ecológicos, mercados solidarios (comercio justo), mercado de ingredientes naturales para alimentos, cosméticos y medicinas.
Nuestro país ofrece un interesante potencial derivado de su inmensa diversidad biológica para ingresar a nuevas líneas productivas y así consolidar su actual oferta de bienes y servicios para los mercados locales, regionales, nacionales e internacionales. Pero si bien el capital natural del que está dotado el país es abundante, también es frágil, por lo que su uso ecológicamente, social y económica sustentable, debe responder al criterio de conservación de la Diversidad Biológica.
Según PROMPEX, Biocomercio es el conjunto de actividades de recolección, producción, transformación y comercialización de bienes y servicios derivados de la biodiversidad nativa, desarrolladas en conformidad con los criterios de sostenibilidad ambiental, social y económica.
En tal sentido, otorga especial énfasis a:
El uso sostenible de los recursos biológicos nativos.
La promoción de estrategias y actividades productivas que apoyen el uso y la conservación sostenible en áreas con alto grado de biodiversidad.
La generación de beneficios económicos y su distribución equitativa con comunidades locales e indígenas.
Son tres los sectores seleccionados por PROMPEX, para priorizar su apoyo: ingredientes y productos naturales, peces de consumo y peces ornamentales, los cuales tienen como principales mercados destino: Estados Unidos, Asia y Europa.
Para ello, PROMPEX tiene el Programa Nacional de Promoción del Biocomercio (PNPB) que tiene como misión, impulsar y apoyar la generación y consolidación de los bionegocios en el Perú basados en la Biodiversidad nativa como incentivo para su conservación, aplicando principios de sostenibilidad ambiental, social y económica.
Objetivo general de Biocomercio Sostenible
Diseñar y desarrollar mecanismos que impulsen la inversión y el comercio de los productos y servicios de la biodiversidad o amigables con ella para alcanzar los objetivos del Convenio de Diversidad Biológica (CDB) y el desarrollo sostenible en Perú.
Objetivos específicos
Dar información relevante a los tomadores de decisiones locales y regionales sobre las oportunidades de adoptar sistemas productivos con buenas prácticas ambientales y sociales.
Apoyar en la consolidación organizacional y desarrollo de planes de negocios y planes de manejo a las empresas que desean adoptar sistemas productivos con buenas prácticas ambientales y sociales.
Apoyar a las empresas que cumplen con buenas prácticas ambientales y sociales a generar alianzas estratégicas que le ayuden a penetrar mercados y captar los recursos financieros necesarios.
Generar información comercial útil y ágil a los tomadores de decisiones que desean desarrollar los mercados de productos y servicios de la biodiversidad o amigable con ella, mediante buenas prácticas ambientales y sociales.
Generar proyectos específicos con otras entidades y donantes para cumplir con prioridades geográficas, sectoriales, institucionales o técnicas de Biocomercio Sostenible.
Beneficiarios de Biocomercio Sostenible
Organizaciones:
Campesinos
Comunidades
Pueblos Indígenas
Personas naturales
ONG
Empresas
PyMES
Empresas Consolidadas
Actores Involucrados
Categorías de biocomercio
Sistemas productivos sostenibles ex situ:
Productos agrícolas, pecuarios, piscícolas o de la biodiversidad nativa, obtenidos mediante el aprovechamiento sostenible de los recursos naturales bajo adecuadas prácticas ambientales y sociales en los diferentes sistemas o arreglos productivos. Por ejemplo:
· Agricultura ecológica
· Sistemas agroforestales
· Sistemas silvopastoriles
· Producción pecuaria
· Aprovechamiento ex situ de la biodiversidad
Productos maderables:
Aquellos provenientes del aprovechamiento sostenible de especies maderables de bosques naturales y plantaciones con fines de comercialización de maderas como materia prima o transformados
Productos no maderables:
Individuos, partes y derivados vivos o muertos obtenidos mediante el aprovechamiento de especies provenientes del medio natural que en ningún caso hayan sufrido procesos de domesticación, entendiéndose esta como cualquier intervención del hombre en “sus ciclos naturales” .
Ecoturismo:
Turismo especializado y dirigido que se desarrolla en áreas con un atractivo natural especial y se enmarca dentro de los parámetros del desarrollo humano sostenible. Busca la recreación, el esparcimiento y la educación del visitante a través de la observación, el estudio de los valores naturales y los aspectos culturales relacionados con ellos.
Principios y criterios de biocomercio sostenible
La identificación de productos de Biocomercio Sostenible se hace con base en un conjunto jerarquizado de reglas que son nuestra principal herramienta conceptual:
Principio: Reglas básicas que deben cumplir las empresas de Biocomercio, para mejorar su desempeño en aspectos ambientales, sociales, económicos y normativos.Criterio: Objetivos específicos que contribuyen al cumplimiento de un Principio.
Principios
Principio 1:
Conservación de la biodiversidadEste es el primer elemento del CDB; Las empresas deberían mantener la diversidad biológica en todas sus escalas (genes, especies, ecosistemas).
Principio 2:
Uso sostenible de la biodiversidadEste principio apoya la implementación del segundo objetivo del CDB. Los productos del biocomercio se deben obtener bajo sistemas que permitan y demuestren la sostenibilidad del recurso utilizado y del ecosistema involucrado. El objetivo es que el aprovechamiento de una especie o ecosistema no supere la capacidad de regeneración y/o productividad del recurso o ecosistema utilizado. Las empresas deberían definir instrumentos para la aplicación de buenas prácticas de manejo y monitoreo para orientar, diseñar y mejorar los procesos productivos.
Principio 3:
Distribución justa y equitativa de beneficios derivados del uso de la biodiversidadEste Principio corresponde al tercer objetivo del CDB. Para asegurar una distribución justa y equitativa es importante que los beneficiarios tengan acceso a información relevante relacionada con la comercialización de los productos de biocomercio y sean involucrados en las negociaciones de los precios y condiciones de compra.
Principio 4:
Sostenibilidad socio - económica (de gestión, productiva, financiera y de mercado)La competitividad en el ámbito del Biocomercio deberá resultar en productos manejados sosteniblemente, que logren posicionarse en los mercados específicos y mantenerse en ellos por el tiempo suficiente para generar los beneficios esperados.
Principio 5:
Cumplimiento de la legislación nacional e internacionalEl cumplimiento con la legislación y regulaciones relevantes es un punto fundamental para la legitimación legal de las empresas y el acceso de sus productos a los mercados.
Principio 6:
Respeto de los derechos de los actores involucrados en el biocomercioLa generación de capital social es uno de los pilares del desarrollo sostenible, por esta razón el respeto de los derechos de los actores que de una u otra manera interactúan con la empresa y la generación de desarrollo local son fundamentales en la gestión de una empresa de biocomercio. En palabras simples, la empresa tiene que ser “buena vecina”.
Principio 7:
Claridad sobre la tenencia de la tierra, el uso y acceso a los recursos naturales y a los conocimientosEs un elemento capital para un manejo responsable de una empresa tener claridad sobre sus derechos de acceso. Solamente en este caso puede hacer las inversiones a largo plazo o implementar las medidas de manejo correspondientes para asegurar la sostenibilidad. Al mismo tiempo esta claridad permite establecer las responsabilidades de cada actor en el manejo de las especies.
**Principios y Criterios adoptados por la Iniciativa BioTrade de la UNCTAD con el apoyo de los Programas Andinos de Biocomercio, para el desarrollo de sus actividades.
Criterios
Se espera que con el tiempo sean aun más las empresas que cumplan con más criterios de sostenibilidad:
AREQUIPA: EN CAMINO A LA SEGURIDAD Y SOBERANÍA ALIMENTARIA
Según PROMPERÚ, actualmente, el comercio mundial de productos provenientes de la biodiversidad ha alcanzado una notoria importancia y viene abriéndose paso en una economía global cada vez más abierta y dinámica. Paralelamente a este suceso, somos testigos de la mayor relevancia de los aspectos sociales y ambientales en las preferencias de los consumidores que han dado origen al surgimiento de nichos de mercados, donde se brinda especial atención al sistema de manejo de los recursos, así como en el impacto social y ambiental que genera su producción. Tal es el caso de los mercados de productos orgánicos, mercados verdes y ecológicos, mercados solidarios (comercio justo), mercado de ingredientes naturales para alimentos, cosméticos y medicinas.
Nuestro país ofrece un interesante potencial derivado de su inmensa diversidad biológica para ingresar a nuevas líneas productivas y así consolidar su actual oferta de bienes y servicios para los mercados locales, regionales, nacionales e internacionales. Pero si bien el capital natural del que está dotado el país es abundante, también es frágil, por lo que su uso ecológicamente, social y económica sustentable, debe responder al criterio de conservación de la Diversidad Biológica.
Según PROMPEX, Biocomercio es el conjunto de actividades de recolección, producción, transformación y comercialización de bienes y servicios derivados de la biodiversidad nativa, desarrolladas en conformidad con los criterios de sostenibilidad ambiental, social y económica.
En tal sentido, otorga especial énfasis a:
El uso sostenible de los recursos biológicos nativos.
La promoción de estrategias y actividades productivas que apoyen el uso y la conservación sostenible en áreas con alto grado de biodiversidad.
La generación de beneficios económicos y su distribución equitativa con comunidades locales e indígenas.
Son tres los sectores seleccionados por PROMPEX, para priorizar su apoyo: ingredientes y productos naturales, peces de consumo y peces ornamentales, los cuales tienen como principales mercados destino: Estados Unidos, Asia y Europa.
Para ello, PROMPEX tiene el Programa Nacional de Promoción del Biocomercio (PNPB) que tiene como misión, impulsar y apoyar la generación y consolidación de los bionegocios en el Perú basados en la Biodiversidad nativa como incentivo para su conservación, aplicando principios de sostenibilidad ambiental, social y económica.
Objetivo general de Biocomercio Sostenible
Diseñar y desarrollar mecanismos que impulsen la inversión y el comercio de los productos y servicios de la biodiversidad o amigables con ella para alcanzar los objetivos del Convenio de Diversidad Biológica (CDB) y el desarrollo sostenible en Perú.
Objetivos específicos
Dar información relevante a los tomadores de decisiones locales y regionales sobre las oportunidades de adoptar sistemas productivos con buenas prácticas ambientales y sociales.
Apoyar en la consolidación organizacional y desarrollo de planes de negocios y planes de manejo a las empresas que desean adoptar sistemas productivos con buenas prácticas ambientales y sociales.
Apoyar a las empresas que cumplen con buenas prácticas ambientales y sociales a generar alianzas estratégicas que le ayuden a penetrar mercados y captar los recursos financieros necesarios.
Generar información comercial útil y ágil a los tomadores de decisiones que desean desarrollar los mercados de productos y servicios de la biodiversidad o amigable con ella, mediante buenas prácticas ambientales y sociales.
Generar proyectos específicos con otras entidades y donantes para cumplir con prioridades geográficas, sectoriales, institucionales o técnicas de Biocomercio Sostenible.
Beneficiarios de Biocomercio Sostenible
Organizaciones:
Campesinos
Comunidades
Pueblos Indígenas
Personas naturales
ONG
Empresas
PyMES
Empresas Consolidadas
Actores Involucrados
Categorías de biocomercio
Sistemas productivos sostenibles ex situ:
Productos agrícolas, pecuarios, piscícolas o de la biodiversidad nativa, obtenidos mediante el aprovechamiento sostenible de los recursos naturales bajo adecuadas prácticas ambientales y sociales en los diferentes sistemas o arreglos productivos. Por ejemplo:
· Agricultura ecológica
· Sistemas agroforestales
· Sistemas silvopastoriles
· Producción pecuaria
· Aprovechamiento ex situ de la biodiversidad
Productos maderables:
Aquellos provenientes del aprovechamiento sostenible de especies maderables de bosques naturales y plantaciones con fines de comercialización de maderas como materia prima o transformados
Productos no maderables:
Individuos, partes y derivados vivos o muertos obtenidos mediante el aprovechamiento de especies provenientes del medio natural que en ningún caso hayan sufrido procesos de domesticación, entendiéndose esta como cualquier intervención del hombre en “sus ciclos naturales” .
Ecoturismo:
Turismo especializado y dirigido que se desarrolla en áreas con un atractivo natural especial y se enmarca dentro de los parámetros del desarrollo humano sostenible. Busca la recreación, el esparcimiento y la educación del visitante a través de la observación, el estudio de los valores naturales y los aspectos culturales relacionados con ellos.
Principios y criterios de biocomercio sostenible
La identificación de productos de Biocomercio Sostenible se hace con base en un conjunto jerarquizado de reglas que son nuestra principal herramienta conceptual:
Principio: Reglas básicas que deben cumplir las empresas de Biocomercio, para mejorar su desempeño en aspectos ambientales, sociales, económicos y normativos.Criterio: Objetivos específicos que contribuyen al cumplimiento de un Principio.
Principios
Principio 1:
Conservación de la biodiversidadEste es el primer elemento del CDB; Las empresas deberían mantener la diversidad biológica en todas sus escalas (genes, especies, ecosistemas).
Principio 2:
Uso sostenible de la biodiversidadEste principio apoya la implementación del segundo objetivo del CDB. Los productos del biocomercio se deben obtener bajo sistemas que permitan y demuestren la sostenibilidad del recurso utilizado y del ecosistema involucrado. El objetivo es que el aprovechamiento de una especie o ecosistema no supere la capacidad de regeneración y/o productividad del recurso o ecosistema utilizado. Las empresas deberían definir instrumentos para la aplicación de buenas prácticas de manejo y monitoreo para orientar, diseñar y mejorar los procesos productivos.
Principio 3:
Distribución justa y equitativa de beneficios derivados del uso de la biodiversidadEste Principio corresponde al tercer objetivo del CDB. Para asegurar una distribución justa y equitativa es importante que los beneficiarios tengan acceso a información relevante relacionada con la comercialización de los productos de biocomercio y sean involucrados en las negociaciones de los precios y condiciones de compra.
Principio 4:
Sostenibilidad socio - económica (de gestión, productiva, financiera y de mercado)La competitividad en el ámbito del Biocomercio deberá resultar en productos manejados sosteniblemente, que logren posicionarse en los mercados específicos y mantenerse en ellos por el tiempo suficiente para generar los beneficios esperados.
Principio 5:
Cumplimiento de la legislación nacional e internacionalEl cumplimiento con la legislación y regulaciones relevantes es un punto fundamental para la legitimación legal de las empresas y el acceso de sus productos a los mercados.
Principio 6:
Respeto de los derechos de los actores involucrados en el biocomercioLa generación de capital social es uno de los pilares del desarrollo sostenible, por esta razón el respeto de los derechos de los actores que de una u otra manera interactúan con la empresa y la generación de desarrollo local son fundamentales en la gestión de una empresa de biocomercio. En palabras simples, la empresa tiene que ser “buena vecina”.
Principio 7:
Claridad sobre la tenencia de la tierra, el uso y acceso a los recursos naturales y a los conocimientosEs un elemento capital para un manejo responsable de una empresa tener claridad sobre sus derechos de acceso. Solamente en este caso puede hacer las inversiones a largo plazo o implementar las medidas de manejo correspondientes para asegurar la sostenibilidad. Al mismo tiempo esta claridad permite establecer las responsabilidades de cada actor en el manejo de las especies.
**Principios y Criterios adoptados por la Iniciativa BioTrade de la UNCTAD con el apoyo de los Programas Andinos de Biocomercio, para el desarrollo de sus actividades.
Criterios
Se espera que con el tiempo sean aun más las empresas que cumplan con más criterios de sostenibilidad:
AREQUIPA: EN CAMINO A LA SEGURIDAD Y SOBERANÍA ALIMENTARIA
Por: Herminio Ludeña Enciso
Consultor en Recursos Pecuarios Andinos
En este informe trataremos de enfocar algunas propuestas para solucionar la problemática agropecuaria en relación con la pobreza de los pequeños agricultores en la región Arequipa y otras regiones del Perú, pudiendo servir para otros países latinoamericanos. Como se observó en el foro electrónico sobre seguridad alimentaria, efectuado meses atrás “la solución a la comercialización interna y externa de alimentos pasa por la organización de los productores y los
consumidores para velar por sus intereses, ya que la mayoría reconoce que “la parte del león” se la lleva el intermediario en perjuicio, tanto de productores como de consumidores”. Luego “Es cierto que lo más rápido es “transferir” es decir, montar un sistema de extensión (también con fuerte componente social) para ofrecer las condiciones necesarias al desarrollo rural (no solo agrícola). Lo lamentable
es que el neoliberalismo desmontó de nuestros países estos sistemas, los que aún con sus problemas y falencias, deberían ser el soporte del desarrollo rural. En nuestro país fue desactivado el sistema de extensión agropecuaria al iniciarse la reforma agraria. Hoy el Estado y la sociedad civil deben restituir este sistema de extensión agropecuaria en las diferentes regiones a fin de organizar a los pequeños y medianos productores (en asociaciones y/o cooperativas a fin de adquirir personería jurídica y ser pasibles de crédito agrario)”. También sería conveniente remarcar que “es muy importante no perder de vista que antes que incrementar la producción para satisfacer la demanda internacional, que evidentemente nos puede generar mayores divisas, debemos concentrarnos en el mercado local, en retomar e impulsar la producción y consumo sustentables, ecológicos de los productos andinos para el mercado local”. Por lo tanto debemos insistir en que necesitamos concentrar nuestros esfuerzos en lo que nuestro país y nuestros productores pueden lograr con una adecuada capacitación en cultivos y crianzas regionales.Medidas especificas para aprovechar el potencial de los cultivos andinos• Implementar un sistema de extensión agropecuaria con equipos multidisciplinarios a fin de desenvolver las capacidades productivas de los agricultores, teniendo en cuenta los cultivos y crianzas de las regiones. • Seguir fomentando el mercado de productos orgánicos con las certificaciones y estructuras que ya están realizando los países andinos.• Los gobiernos locales y la sociedad civil son los llamados a encausar la producción y el consumo mediante el proceso participativo de los actores (productores y consumidores).• El gobierno central por medio del PRONAA y otros sectores (agricultura, educación y salud) deben implementar los comedores populares, el programa del vaso de leche, las beneficencias y otras instituciones del Estado, con base a la producción regional.• El gobierno regional tendría que intervenir decididamente en la promoción de dietas alimenticias apropiadas con base a la producción regional.• Los gobiernos locales y regionales deben dar todas las facilidades para promover la comercialización directa de productor a consumidor, para ello será necesario que las organizaciones de productores y consumidores concerten con los gobiernos regionales y locales a fin de establecer ferias y mercado de productores con precios reales y sin intervención de intermediarios.Aspectos que requieren mayores responsabilidades y amplia preparación• Preparación adecuada de los equipos encargados de implementar un sistema de extensión agropecuaria eficaz y con amplio conocimiento de los cultivos y crianzas regionales.• Seguir estudiando los elementos de origen orgánico que prevengan las plagas y enfermedades de cultivos y crianzas regionales.• Implementar plantas de producción de fertilizantes en base a la lombricultura y otros materiales orgánicos.
• Es indispensable que el gobierno nacional, los gobiernos regionales y los municipios establezcan un banco social (o reacondicionamiento del Banco de la Nación) para permitir que los pequeños productores puedan ser pasibles de créditos, de acuerdo a su organización y capacitación y con el visto bueno de los extensionistas.
LOS RESULTADOS DE POZNAN
consumidores para velar por sus intereses, ya que la mayoría reconoce que “la parte del león” se la lleva el intermediario en perjuicio, tanto de productores como de consumidores”. Luego “Es cierto que lo más rápido es “transferir” es decir, montar un sistema de extensión (también con fuerte componente social) para ofrecer las condiciones necesarias al desarrollo rural (no solo agrícola). Lo lamentable
es que el neoliberalismo desmontó de nuestros países estos sistemas, los que aún con sus problemas y falencias, deberían ser el soporte del desarrollo rural. En nuestro país fue desactivado el sistema de extensión agropecuaria al iniciarse la reforma agraria. Hoy el Estado y la sociedad civil deben restituir este sistema de extensión agropecuaria en las diferentes regiones a fin de organizar a los pequeños y medianos productores (en asociaciones y/o cooperativas a fin de adquirir personería jurídica y ser pasibles de crédito agrario)”. También sería conveniente remarcar que “es muy importante no perder de vista que antes que incrementar la producción para satisfacer la demanda internacional, que evidentemente nos puede generar mayores divisas, debemos concentrarnos en el mercado local, en retomar e impulsar la producción y consumo sustentables, ecológicos de los productos andinos para el mercado local”. Por lo tanto debemos insistir en que necesitamos concentrar nuestros esfuerzos en lo que nuestro país y nuestros productores pueden lograr con una adecuada capacitación en cultivos y crianzas regionales.Medidas especificas para aprovechar el potencial de los cultivos andinos• Implementar un sistema de extensión agropecuaria con equipos multidisciplinarios a fin de desenvolver las capacidades productivas de los agricultores, teniendo en cuenta los cultivos y crianzas de las regiones. • Seguir fomentando el mercado de productos orgánicos con las certificaciones y estructuras que ya están realizando los países andinos.• Los gobiernos locales y la sociedad civil son los llamados a encausar la producción y el consumo mediante el proceso participativo de los actores (productores y consumidores).• El gobierno central por medio del PRONAA y otros sectores (agricultura, educación y salud) deben implementar los comedores populares, el programa del vaso de leche, las beneficencias y otras instituciones del Estado, con base a la producción regional.• El gobierno regional tendría que intervenir decididamente en la promoción de dietas alimenticias apropiadas con base a la producción regional.• Los gobiernos locales y regionales deben dar todas las facilidades para promover la comercialización directa de productor a consumidor, para ello será necesario que las organizaciones de productores y consumidores concerten con los gobiernos regionales y locales a fin de establecer ferias y mercado de productores con precios reales y sin intervención de intermediarios.Aspectos que requieren mayores responsabilidades y amplia preparación• Preparación adecuada de los equipos encargados de implementar un sistema de extensión agropecuaria eficaz y con amplio conocimiento de los cultivos y crianzas regionales.• Seguir estudiando los elementos de origen orgánico que prevengan las plagas y enfermedades de cultivos y crianzas regionales.• Implementar plantas de producción de fertilizantes en base a la lombricultura y otros materiales orgánicos.
• Es indispensable que el gobierno nacional, los gobiernos regionales y los municipios establezcan un banco social (o reacondicionamiento del Banco de la Nación) para permitir que los pequeños productores puedan ser pasibles de créditos, de acuerdo a su organización y capacitación y con el visto bueno de los extensionistas.
LOS RESULTADOS DE POZNAN
La situación urgente, la acción impostergable. Y una vez más postergada, esta frase podría describir exactamente la evaluación posterior a la conferencia de Poznan. Tirios y troyanos podrían estar de acuerdo en una sola cosa: la insatisfacción por los resultados de la cumbre.
Alguien podrá argüir y esto harán sin duda los optimistas, que era un mal momento, que La atención, los esfuerzos; las billeteras, en fin el mundo se halla focalizado en la solución a la crisis financiera. Pero el hecho es que ni siquiera existieron los acuerdos necesarios para una declaración política de carácter conjunto.
Más aun, Japón, Canadá, Australia, y Nueva Zelanda, ponen en entredicho que la reducción de emisiones de CO” sea del rango del 20-25% para el 2025 en los países ricos, tal y como indica el Panel Intergubernamental para el Cambio Climático. Mientras que la delegación norteamericana tenía el manifiesto propósito de no llegar a ningún acuerdo.
Mientras se hace más y más ostensible, la influencia de los grupos de interés frente a los organismos internacionales de Control del Cambio Climático, y se margina la presencia de los pueblos originarios; crece la impresión del uso de tácticas dilatorias por las partes interesadas en mantener el status quo que les reporta pingues ganancias.
No existe una postura clara y decidida de los países desarrollados, los mayores responsables del cambio climático para hacer frente al problema. De hecho el primero de diciembre, la UE llego a un acuerdo con su industria automovilística que contravienen esencialmente las propuestas de la Comisión de Medio Ambiente. De esta manera; la industria automotor hecho por tierra sus compromisos voluntarios de reducción de emisiones para los automóviles comercializados. Este compromiso contemplaba dos tramos y dos medias de emisión para los automóviles que se pusieran a la venta: 140g/Km. para el 2008 y 120g/Km. para el 2012. En lugar de ello han conseguido elevar los límites de emisión hasta 130g/Km. y postergar por una década la entrada en vigor de la normativa europea a este respecto; mientras mantienen una media de emisión de 158g/Km. para 2008.
La legitimidad misma de los planteamientos europeos para el medio ambiente se encuentra cuestionada… ¡por sus hechos!
El único acuerdo alcanzado contempla la puesta en funciones del Fondo de Adaptación, un organismo con un presupuesto de inicio fijado en 80 millones de dólares anuales, cantidad irrisoria si se le compara con las cifras astronómicas utilizadas para enfrentar la crisis financiera, y que además depende de la marcha de los proyectos de los Mecanismos de Desarrollo Limpio. Una cuestión problemática si consideramos las objeciones planteadas frente a estas herramientas duramente cuestionadas sobre su real utilidad. Si se suponía que los representantes de más de 190 países ahí reunidos, tenían como objetivo discutir el tema de la cooperación internacional de cara a los objetivos de Kyoto para 2012, flaco favor le hicieron a los objetivos.
Las palabras de un observador sirven bien para graficar la sensación posterior a Poznan “era necesario recordarles a los delegados que el éxito no es inevitable, y que sin una fuerte voluntad política es muy posible que no se llegue a conseguir el avance histórico que se necesita en Copenhague”.
REFINERIAS OBTIENEN SOBREGANANCIAS, MIENTRAS REBAJA A CONSUMIDORES ES UNA BURLA
Víctor Medina Calderón*
Pese a que el precio del petróleo ha caído más del 75% desde el mes de julio último, el ministro de Economía y Finanzas, Luis Valdivieso, ha pedido “paciencia” a la población y ha señalado que la rebaja se trasladará “poco a poco”. Por su parte, el ministro de Energía y Minas, Pedro Sánchez, ha sostenido que “no habrá rebaja del precio de las gasolinas, debido a que el Estado debe recuperar el dinero que se usó en el Fondo de Estabilización del Precio de los Combustibles (FEPC), cuando se produjo el alza del precio del petróleo”; para agregar el día de hoy viernes 26 “que aún se encuentra en estudio el monto de la rebaja para el mes de enero del 2009”…. “Que el FEPC, cuya deuda con las refinerías asciende a más de 1400 millones de soles, seguirá vigente hasta junio del 2009, fecha que esperamos se termine con el aporte a las refinerías”. Es decir, se obliga a los consumidores a pagar combustibles caros para recuperar el dinero del FEPC-
Como es de conocimiento público, el problema de los combustibles es muy sensible para la economía de un país. El precio de los carburantes incide directamente en el costo de los productos de primera necesidad – especialmente en el precio de los alimentos y en los pasajes y fletes del transporte – y por consiguiente, en forma directa en el índice inflacionario nacional.
A manera de resumen, presento a continuación algunas consideraciones y observaciones respecto del sistema de precios que viene aplicando el MEM, el MEF y el OSINERGEMIN y el uso de las variables más importantes aplicadas a la metodología de cálculo para determinar el porcentaje de rebaja a las gasolinas en el país.
En la mayoría de países importadores de petróleo, la reducción del precio del barril del crudo (de US$ 142, julio, a US$ 37 en diciembre) se ha trasladado de inmediato al consumidor final. En EE UU, las gasolinas bajaron en más del 52%; en Chile, en más del 30%. En el Perú, la disminución fue una burla, apenas bajó en 9%.
Los precios de las gasolinas en el país se mantienen elevados, debido al sistema de precios que aplica la Dirección General de hidrocarburos del MEM, que fija los precios referenciales a las refinerías con criterio equivocado y en perjuicio de los consumidores; como lo demostraremos más adelante.
Generalmente, los precios se determinan según: a) la paridad de importación; b) la volatilidad en el precio del petróleo; c) los costos de distribución , d) el FEPC, e) el índice inflacionario, f) la evolución del tipo de cambio, entre otras variables.
En el Perú, se utiliza como precios de referencia los promedios de las dos últimas semanas de las cotizaciones de los combustibles en los mercados de la costa estadounidense del Golfo de México y Nueva York. Así, los márgenes de refinación que se aplican son los de Estados Unidos y no los del Perú.
Otra traba para la disminución de los precios, es que los márgenes de comercialización de las refinerías consideran el traslado del petróleo crudo desde la costa del Golfo de México; por lo cual, nos cobran los gastos de transporte, como si el crudo lo compramos en este lugar y no en Colombia, Venezuela o Ecuador, como efectivamente ocurre.
Respecto a la volatilidad en el precio internacional del petróleo para reducir el impacto sobre el mercado nacional, creemos que las medidas que aplica el Gobierno, no son las más favorables, porque de ser así, la disminución debió ser mayor al 9%, en el mes de noviembre pasado y mayor al 25% en enero del 2009. Sin duda, la aplicación de un modelo econométrico, permitiría la determinación más realista y en beneficio de los consumidores, de las empresas refinadoras y del propio Estado.
Desde que se creó el FEPC, en el año 2004, los Gobiernos del Dr. Toledo y del Dr. García, han comprometido más de 3500 millones de soles. Dicho Fondo buscaba estabilizar alrededor de un precio elegido, los aumentos y reducciones del precio mundial del petróleo. Pero, es evidente que eso funcionaba en forma adecuada cundo el precio oscilaba en el tiempo, no cuando mostraba una tendencia sostenida al alza. Obviamente, aquí no funcionaba lo de estabilizar el precio y prácticamente se convirtió en un “ subsidio” al precio interno de las gasolinas-
De otro lado, hay quienes sostienen que el llamado subsidio, en realidad se convierte en un “fondo de cobertura de ciclos de precios”, generalmente utilizado en otros países donde la regulación es efectiva y permite guardar equilibrio entre los intereses de los usuarios, las empresas y el Estado. En el caso nuestro, se aplicó indebidamente, toda vez que resulta ser más un mecanismo contable que real. Así, las empresas tendrían que haberlo contabilizado como ingreso sujeto al pago del Impuesto la Renta.
Además, el FEPC, según el Gobierno, tenía como objetivo principal controlar la inflación en el momento que comenzó a subir aceleradamente el precio del petróleo, por lo que estaba previsto en el presupuesto del 2009. No obstante, El Gobierno pretende cobrarle al consumidor un gasto que estaba presupuestado. Así, el gasto para frenar la inflación termina pagándolo el consumidor, mientras que las refinerías siguen obteniendo SOBREGANANCIAS a consecuencia del establecimiento de un precio artificial mayor al precio internacional. ES DECIR, SE OBLIGA A LOS CONSUMIDORES A PAGAR COMBUSTIBLES CAROS PARA RECUPERAR EL DINERO DEL FEPC.
A consecuencia de la aplicación del FEPC, las refinerías se vieron más que compensadas, en cantidades muy superiores a sus costos de producción. Esta situación, pone en evidencia que la metodología de cálculo “matemático” de precios de paridad de importación que aplica la Dirección General de Hidrocarburos del MEM, está claramente sesgada a favor de las empresas refinadoras, a despecho de los consumidores finales.
De otro lado, hasta el propio Ministerio de Economía y Finanzas, advirtió en agosto último, que el llamado subsidio a los combustibles favorecía poco a los pobres y que ello obligaba a repensar el contenido y alcance del FEPC, a fin de contar con más recursos que podrían ser destinados al financiamiento de programas sociales. Definitivamente, el subsidio ha beneficiado más a los ricos – por tratarse, además, de un impuesto “ciego” – en lugar de atender a las personas de escasos recursos-
El mecanismo del Fondo, desde su creación en el 2004, ha representado una pesada carga fiscal, porque este no se retroalimentó de ninguna rebaja en el precio externo del petróleo crudo,
Finalmente, considero que la anunciada rebaja de los combustibles en enero próximo, a juzgar por las declaraciones de los ministros del MEF y del MEM, no será mayor al 8%, cuando en realidad si se quiere favorecer a los “humildes”, como llamó a los pobres el presidente García en su mensaje “anticrisis”, la rebaja debería ser superior al 30%.
La recaudación impositiva que venía creciendo en los meses anteriores, en noviembre último mostró un preocupante síntoma, ya que disminuyó en 10.5%, en términos reales, respecto de noviembre del 2007.
Sin embargo, voceros del Ministerio de Economía y Finanzas, están tratando de relativizar los efectos de la crisis financiera internacional sobre la marcha de la recaudación impositiva.
Por su parte, el presidente García, señala “El Perú sigue un nivel de actividad muy razonable y un crecimiento superior a otro países emergentes” y los voceros ministeriales apoyan a coro tal afirmación, y agregan que estamos bien en el mercado interno, con alguna diferencia en lo que concierne al comercio exterior.
Generalmente, la información sobre recaudación tributaria debe difundirse el primer día de cada mes, aunque en los últimos tiempos no se ha cumplido con esta costumbre, sino que se ha acomodado en función de la agenda de actividades oficiales (APEC, PLAN ANTICRISIS) del presidente García, quien a toda costa trata de minimizar los efectos de la crisis financiera internacional sobre la economía peruana.
Lo real de todo esta situación es que en noviembre continuó con la desaceleración que ya se notó en el mes de octubre en la tasa de crecimiento de los recursos originados por la recaudación interna y por las retenciones sobre las exportaciones, afectadas por la baja de los precios de los commodities y también en lo cobrado por los derechos de importación.
Así pues, en el mes de noviembre la recaudación por el Impuesto a la Renta (IR), registró una caída real de 15.2%, debido a la menor recaudación de Tercera Categoría, correspondiente a empresas (-24.5%), Segunda Categoría correspondiente a rentas de capital (-23.9%) y retenciones de No Domiciliados (-2.1%). En tanto que la recaudación del Impuesto Selectivo al Consumo (ISC) alcanzó los S/. 285 millones con una caída de 35.9% por la menor recaudación del ISC a los combustibles (-57.5%).
Sin duda, la caída, entre otras causas, se debe a la desaceleración económica y al impacto de los planes de competitividad que imponen distintos tipos de desgravaciones impositivas. Además, está determinado por la disminución de las importaciones, las elevadas tasas de interés y la contracción del crédito del sector privado, que generaron un mayor incumplimiento en el pago de tributos.
La disminución de la recaudación tributaria, pone en evidencia el impacto local de la crisis financiera internacional. Por un lado, por la caída de los precios internacionales de los productos que exporta el Perú, sobre todo los minerales; y, por el otro, porque que confirma la caída de la actividad económica (a pesar del entusiasmo y confianza que tratan de contagiar el presidente García y algunos dirigentes de la CONFIEP), reflejada en una menor cantidad de importaciones y también a una retracción del consumo interno que afecta la recaudación del IGV.
De acuerdo con el estudio realizado por Mecons Consultores, la disminución del crecimiento de la economía al finalizar el año es fuerte.
Hay una ruptura en la tendencia, se pasa de una economía que creció al
9%, a un incremento de 6%. Otras consultoras privadas que prevén que el crecimiento del próximo año no será de 6%, como señala el ministro de Economía, sino que bajará hasta el 4%.
Economista
Alguien podrá argüir y esto harán sin duda los optimistas, que era un mal momento, que La atención, los esfuerzos; las billeteras, en fin el mundo se halla focalizado en la solución a la crisis financiera. Pero el hecho es que ni siquiera existieron los acuerdos necesarios para una declaración política de carácter conjunto.
Más aun, Japón, Canadá, Australia, y Nueva Zelanda, ponen en entredicho que la reducción de emisiones de CO” sea del rango del 20-25% para el 2025 en los países ricos, tal y como indica el Panel Intergubernamental para el Cambio Climático. Mientras que la delegación norteamericana tenía el manifiesto propósito de no llegar a ningún acuerdo.
Mientras se hace más y más ostensible, la influencia de los grupos de interés frente a los organismos internacionales de Control del Cambio Climático, y se margina la presencia de los pueblos originarios; crece la impresión del uso de tácticas dilatorias por las partes interesadas en mantener el status quo que les reporta pingues ganancias.
No existe una postura clara y decidida de los países desarrollados, los mayores responsables del cambio climático para hacer frente al problema. De hecho el primero de diciembre, la UE llego a un acuerdo con su industria automovilística que contravienen esencialmente las propuestas de la Comisión de Medio Ambiente. De esta manera; la industria automotor hecho por tierra sus compromisos voluntarios de reducción de emisiones para los automóviles comercializados. Este compromiso contemplaba dos tramos y dos medias de emisión para los automóviles que se pusieran a la venta: 140g/Km. para el 2008 y 120g/Km. para el 2012. En lugar de ello han conseguido elevar los límites de emisión hasta 130g/Km. y postergar por una década la entrada en vigor de la normativa europea a este respecto; mientras mantienen una media de emisión de 158g/Km. para 2008.
La legitimidad misma de los planteamientos europeos para el medio ambiente se encuentra cuestionada… ¡por sus hechos!
El único acuerdo alcanzado contempla la puesta en funciones del Fondo de Adaptación, un organismo con un presupuesto de inicio fijado en 80 millones de dólares anuales, cantidad irrisoria si se le compara con las cifras astronómicas utilizadas para enfrentar la crisis financiera, y que además depende de la marcha de los proyectos de los Mecanismos de Desarrollo Limpio. Una cuestión problemática si consideramos las objeciones planteadas frente a estas herramientas duramente cuestionadas sobre su real utilidad. Si se suponía que los representantes de más de 190 países ahí reunidos, tenían como objetivo discutir el tema de la cooperación internacional de cara a los objetivos de Kyoto para 2012, flaco favor le hicieron a los objetivos.
Las palabras de un observador sirven bien para graficar la sensación posterior a Poznan “era necesario recordarles a los delegados que el éxito no es inevitable, y que sin una fuerte voluntad política es muy posible que no se llegue a conseguir el avance histórico que se necesita en Copenhague”.
REFINERIAS OBTIENEN SOBREGANANCIAS, MIENTRAS REBAJA A CONSUMIDORES ES UNA BURLA
Víctor Medina Calderón*
Pese a que el precio del petróleo ha caído más del 75% desde el mes de julio último, el ministro de Economía y Finanzas, Luis Valdivieso, ha pedido “paciencia” a la población y ha señalado que la rebaja se trasladará “poco a poco”. Por su parte, el ministro de Energía y Minas, Pedro Sánchez, ha sostenido que “no habrá rebaja del precio de las gasolinas, debido a que el Estado debe recuperar el dinero que se usó en el Fondo de Estabilización del Precio de los Combustibles (FEPC), cuando se produjo el alza del precio del petróleo”; para agregar el día de hoy viernes 26 “que aún se encuentra en estudio el monto de la rebaja para el mes de enero del 2009”…. “Que el FEPC, cuya deuda con las refinerías asciende a más de 1400 millones de soles, seguirá vigente hasta junio del 2009, fecha que esperamos se termine con el aporte a las refinerías”. Es decir, se obliga a los consumidores a pagar combustibles caros para recuperar el dinero del FEPC-
Como es de conocimiento público, el problema de los combustibles es muy sensible para la economía de un país. El precio de los carburantes incide directamente en el costo de los productos de primera necesidad – especialmente en el precio de los alimentos y en los pasajes y fletes del transporte – y por consiguiente, en forma directa en el índice inflacionario nacional.
A manera de resumen, presento a continuación algunas consideraciones y observaciones respecto del sistema de precios que viene aplicando el MEM, el MEF y el OSINERGEMIN y el uso de las variables más importantes aplicadas a la metodología de cálculo para determinar el porcentaje de rebaja a las gasolinas en el país.
En la mayoría de países importadores de petróleo, la reducción del precio del barril del crudo (de US$ 142, julio, a US$ 37 en diciembre) se ha trasladado de inmediato al consumidor final. En EE UU, las gasolinas bajaron en más del 52%; en Chile, en más del 30%. En el Perú, la disminución fue una burla, apenas bajó en 9%.
Los precios de las gasolinas en el país se mantienen elevados, debido al sistema de precios que aplica la Dirección General de hidrocarburos del MEM, que fija los precios referenciales a las refinerías con criterio equivocado y en perjuicio de los consumidores; como lo demostraremos más adelante.
Generalmente, los precios se determinan según: a) la paridad de importación; b) la volatilidad en el precio del petróleo; c) los costos de distribución , d) el FEPC, e) el índice inflacionario, f) la evolución del tipo de cambio, entre otras variables.
En el Perú, se utiliza como precios de referencia los promedios de las dos últimas semanas de las cotizaciones de los combustibles en los mercados de la costa estadounidense del Golfo de México y Nueva York. Así, los márgenes de refinación que se aplican son los de Estados Unidos y no los del Perú.
Otra traba para la disminución de los precios, es que los márgenes de comercialización de las refinerías consideran el traslado del petróleo crudo desde la costa del Golfo de México; por lo cual, nos cobran los gastos de transporte, como si el crudo lo compramos en este lugar y no en Colombia, Venezuela o Ecuador, como efectivamente ocurre.
Respecto a la volatilidad en el precio internacional del petróleo para reducir el impacto sobre el mercado nacional, creemos que las medidas que aplica el Gobierno, no son las más favorables, porque de ser así, la disminución debió ser mayor al 9%, en el mes de noviembre pasado y mayor al 25% en enero del 2009. Sin duda, la aplicación de un modelo econométrico, permitiría la determinación más realista y en beneficio de los consumidores, de las empresas refinadoras y del propio Estado.
Desde que se creó el FEPC, en el año 2004, los Gobiernos del Dr. Toledo y del Dr. García, han comprometido más de 3500 millones de soles. Dicho Fondo buscaba estabilizar alrededor de un precio elegido, los aumentos y reducciones del precio mundial del petróleo. Pero, es evidente que eso funcionaba en forma adecuada cundo el precio oscilaba en el tiempo, no cuando mostraba una tendencia sostenida al alza. Obviamente, aquí no funcionaba lo de estabilizar el precio y prácticamente se convirtió en un “ subsidio” al precio interno de las gasolinas-
De otro lado, hay quienes sostienen que el llamado subsidio, en realidad se convierte en un “fondo de cobertura de ciclos de precios”, generalmente utilizado en otros países donde la regulación es efectiva y permite guardar equilibrio entre los intereses de los usuarios, las empresas y el Estado. En el caso nuestro, se aplicó indebidamente, toda vez que resulta ser más un mecanismo contable que real. Así, las empresas tendrían que haberlo contabilizado como ingreso sujeto al pago del Impuesto la Renta.
Además, el FEPC, según el Gobierno, tenía como objetivo principal controlar la inflación en el momento que comenzó a subir aceleradamente el precio del petróleo, por lo que estaba previsto en el presupuesto del 2009. No obstante, El Gobierno pretende cobrarle al consumidor un gasto que estaba presupuestado. Así, el gasto para frenar la inflación termina pagándolo el consumidor, mientras que las refinerías siguen obteniendo SOBREGANANCIAS a consecuencia del establecimiento de un precio artificial mayor al precio internacional. ES DECIR, SE OBLIGA A LOS CONSUMIDORES A PAGAR COMBUSTIBLES CAROS PARA RECUPERAR EL DINERO DEL FEPC.
A consecuencia de la aplicación del FEPC, las refinerías se vieron más que compensadas, en cantidades muy superiores a sus costos de producción. Esta situación, pone en evidencia que la metodología de cálculo “matemático” de precios de paridad de importación que aplica la Dirección General de Hidrocarburos del MEM, está claramente sesgada a favor de las empresas refinadoras, a despecho de los consumidores finales.
De otro lado, hasta el propio Ministerio de Economía y Finanzas, advirtió en agosto último, que el llamado subsidio a los combustibles favorecía poco a los pobres y que ello obligaba a repensar el contenido y alcance del FEPC, a fin de contar con más recursos que podrían ser destinados al financiamiento de programas sociales. Definitivamente, el subsidio ha beneficiado más a los ricos – por tratarse, además, de un impuesto “ciego” – en lugar de atender a las personas de escasos recursos-
El mecanismo del Fondo, desde su creación en el 2004, ha representado una pesada carga fiscal, porque este no se retroalimentó de ninguna rebaja en el precio externo del petróleo crudo,
Finalmente, considero que la anunciada rebaja de los combustibles en enero próximo, a juzgar por las declaraciones de los ministros del MEF y del MEM, no será mayor al 8%, cuando en realidad si se quiere favorecer a los “humildes”, como llamó a los pobres el presidente García en su mensaje “anticrisis”, la rebaja debería ser superior al 30%.
La recaudación impositiva que venía creciendo en los meses anteriores, en noviembre último mostró un preocupante síntoma, ya que disminuyó en 10.5%, en términos reales, respecto de noviembre del 2007.
Sin embargo, voceros del Ministerio de Economía y Finanzas, están tratando de relativizar los efectos de la crisis financiera internacional sobre la marcha de la recaudación impositiva.
Por su parte, el presidente García, señala “El Perú sigue un nivel de actividad muy razonable y un crecimiento superior a otro países emergentes” y los voceros ministeriales apoyan a coro tal afirmación, y agregan que estamos bien en el mercado interno, con alguna diferencia en lo que concierne al comercio exterior.
Generalmente, la información sobre recaudación tributaria debe difundirse el primer día de cada mes, aunque en los últimos tiempos no se ha cumplido con esta costumbre, sino que se ha acomodado en función de la agenda de actividades oficiales (APEC, PLAN ANTICRISIS) del presidente García, quien a toda costa trata de minimizar los efectos de la crisis financiera internacional sobre la economía peruana.
Lo real de todo esta situación es que en noviembre continuó con la desaceleración que ya se notó en el mes de octubre en la tasa de crecimiento de los recursos originados por la recaudación interna y por las retenciones sobre las exportaciones, afectadas por la baja de los precios de los commodities y también en lo cobrado por los derechos de importación.
Así pues, en el mes de noviembre la recaudación por el Impuesto a la Renta (IR), registró una caída real de 15.2%, debido a la menor recaudación de Tercera Categoría, correspondiente a empresas (-24.5%), Segunda Categoría correspondiente a rentas de capital (-23.9%) y retenciones de No Domiciliados (-2.1%). En tanto que la recaudación del Impuesto Selectivo al Consumo (ISC) alcanzó los S/. 285 millones con una caída de 35.9% por la menor recaudación del ISC a los combustibles (-57.5%).
Sin duda, la caída, entre otras causas, se debe a la desaceleración económica y al impacto de los planes de competitividad que imponen distintos tipos de desgravaciones impositivas. Además, está determinado por la disminución de las importaciones, las elevadas tasas de interés y la contracción del crédito del sector privado, que generaron un mayor incumplimiento en el pago de tributos.
La disminución de la recaudación tributaria, pone en evidencia el impacto local de la crisis financiera internacional. Por un lado, por la caída de los precios internacionales de los productos que exporta el Perú, sobre todo los minerales; y, por el otro, porque que confirma la caída de la actividad económica (a pesar del entusiasmo y confianza que tratan de contagiar el presidente García y algunos dirigentes de la CONFIEP), reflejada en una menor cantidad de importaciones y también a una retracción del consumo interno que afecta la recaudación del IGV.
De acuerdo con el estudio realizado por Mecons Consultores, la disminución del crecimiento de la economía al finalizar el año es fuerte.
Hay una ruptura en la tendencia, se pasa de una economía que creció al
9%, a un incremento de 6%. Otras consultoras privadas que prevén que el crecimiento del próximo año no será de 6%, como señala el ministro de Economía, sino que bajará hasta el 4%.
Economista
ANÁLISIS DE CASOS SOBRE LA GESTIÓN DEL AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO EN LATINOAMÉRICA
CASO DE ESTUDIO DE BOLIVIA: CONFLICTO POR LA PARTICIPACIÓN PRIVADA EN LOS SERVICIOS DE AGUA Y SANEAMIENTO – AGUAS DEL ILLIMANI, EL ALTO Y GUERRA DEL AGUA, COCHABAMBA
Raúl Ampuero
Rocio Bustamante
Vladimir Cossio
Franz Quiroz
1 Introducción
Como respuesta a la Crisis de 1985 el Estado implementó reformas económicas de corto y largo plazo, para lograr, en primera instancia, una estabilidad macroeconómica y, posteriormente, promover el crecimiento y desarrollo económico sostenido del país. Entre las medidas de carácter estructural (o de largo plazo) se planteaba el promover la participación privada en las empresas públicas, y la asignación de bienes y servicios que eran manejados por el Estado al sector privado.
Las transformaciones económicas, sociales y políticas que se producen en Bolivia desde 1985 se reflejan en un proceso de redistribución espacial de la población, que combina de manera simultánea la concentración de habitantes en sólo 4 ciudades (60% de la población urbana) y alta dispersión en ciudades de tamaño intermedio y pequeño, y en localidades rurales.
Tabla 1. Distribución de la población por ciudad y tasa de crecimiento
Ciudad
Población por ciudad de residencia
Tasa de crecimiento
1976
1992
2001
2005
1976-1992
1992-2001
La Paz
539848
712031
789585
829208
1,82
1,12
El Alto
95435
403857
647350
805975
9,46
5,10
Cochabamba
204684
407174
516683
577917
4,51
2,57
Fuente: INE, 2003
Si bien la población crece aceleradamente en los centros urbanos (Tabla 1), la provisión de servicios básicos en estos sectores no crece en la misma proporción, quedando la periferia de dichos centros urbanos, rezagada en cuanto a la provisión de servicios. En estas zonas, en la mayoría de los casos donde se dispone de agua para consumo doméstico a través de tuberías, es a iniciativa de los propios vecinos.
En la década de los 90’s el proceso de participación privada en los servicios de agua potable y saneamiento básico tomó fuerza, argumentando una gestión ineficiente y no sostenible en las empresas estatales en la provisión de servicios. Como una experiencia piloto, en el primer gobierno de Sánchez de Lozada (1993-1997), se preparó un entorno favorable para que los actores privados se hagan cargo de la prestación del servicio de agua potable y alcantarillado sanitario de las ciudades más grandes del país (El Alto, La Paz y Cochabamba). Las medidas para lograr dicho cometido fueron:
· la creación de un sistema de regulación bajo el nombre de la Superintendencia de Aguas en 1997,
· el fortalecimiento de las empresas municipales SEMAPA y SAMAPA, que hasta ese entonces eran empresas públicas responsables de la prestación del servicio en las ciudades de Cochabamba y La Paz, respectivamente.
Fue importante la participación del Banco Mundial en este proceso. “El Banco Mundial asesoró al gobierno de Bolivia en el diseño e implementación de políticas hídricas y de saneamiento básico orientadas a la transferencia del recurso y sus servicios al sector privado” (Crespo, 2004). Así por ejemplo, el Banco Mundial concedió un préstamo de 14,4 millones de $US para la mejora y el fortalecimiento de SEMAPA, en forma previa a su traspaso al sector privado. Algo similar sucedió en el caso de SAMAPA.
La Tabla 2 muestra el nivel de cobertura de los servicios de agua potable y alcantarillado en las ciudades de La Paz-El Alto y Cochabamba, cuando pasan a manos de las empresas que se adjudicaron la prestación del servicio en dichas ciudades.
Tabla 2. Indicadores de acceso al agua potable y alcantarillado (expresado en %)
Indicadores
Aguas del Illimani
SEMAPA
A la firma del contrato (24/07/97)
Al 31/12/02
A la firma del contrato (01/04/02)
Al 31/12/02
Cobertura del servicio de agua
87,2
98,48
69,46
68,07
Cobertura del servicio de alcantarillado
55,83
77,42
67,07
68,31
Fuente: SISAB, 2005
Los datos de cobertura al momento de la concesión (Tabla 2) para Aguas del Illimani son un promedio de las ciudades (La Paz y El Alto) que corresponden a su área de concesión. El 2004, AISA presenta datos del incremento progresivo en la cobertura con los servicios de agua y alcantarillado, producto de su gestión administrativa, diferenciados para las ciudades de La Paz y El Alto (Tabla 3).
Tabla 3. Indicadores de cobertura de agua potable y alcantarillado en La Paz y El Alto
Indicadores
La Paz
El Alto
1997
2001
2003
1997
2001
2003
Cobertura del servicio de agua
92
100
100
82
100
100
Cobertura del servicio de alcantarillado sanitario
72
88
91
36
54
61
Fuente: AISA, 2004. Citado por Crespo, 2004
Los datos que presenta AISA (Tabla 3) corresponden al área servida y no al área de concesión que son los municipios de La Paz y El Alto.
2. La Guerra del Agua en Cochabamba
Antecedentes
El 3 de septiembre 1999, el gobierno de Bolivia firma un contrato de concesión con el consorcio Aguas del Tunari S.A. El 55% de las acciones de este consorcio pertenecía a Internacional Water Holdings B.V. de Holanda, empresa de propiedad de Bechtel de Estados Unidos y Edison de Italia. Asimismo, 25% de las acciones eran de propiedad de la empresa Española Abengoa y el 20% restante de socios bolivianos (Kruse, 2002).
El contrato suscrito entre el Estado y el Consorcio estaba constituido por cuatro sub contratos: i) la concesión del servicio de agua potable y alcantarillado en el Cercado, ii) la licencia para la generación de energía eléctrica y de agua necesaria, iii) el arrendamiento de los bienes de SEMAPA, y iv) el arrendamiento de los bienes de Misicuni. Los elementos trascendentales que en lo posterior serían determinantes para provocar la reacción de varios sectores, fueron: i) las inversiones que tenía que realizar el consorcio para la concretización del Proyecto Misicuni, ii) la creación del área de concesión y iii) las disposiciones tarifarias.
Si bien, el consorcio no tuvo la oportunidad de ser juzgado por las características del contrato, la revisión de algunas disposiciones generó el malestar en varios sectores. En cuanto a las inversiones, el contrato había estipulado la ejecución de un Proyecto Misicuni reducido, dando además un margen amplio para que la empresa pueda justificar la no inversión en las obras. Asimismo, el contrato creaba un área de concesión monopólica y exclusiva incluyendo el transporte, el almacenamiento y la distribución y comercialización del agua (Crespo, 2004). Según evaluaciones de la FEDECOR[1], las disposiciones del área de concesión y control del agua tendrían efectos negativos sobre los usos y costumbres de los regantes, y sobre la posibilidad acceder a fuentes subterráneas o superficiales para satisfacer las necesidades de agua para consumo humano de pequeñas localidades. Finalmente, en cuanto al tema de las tarifas, el contrato posibilitaba una tasa de retorno a la inversión del 16% a través de un incremento tarifario y su indexación al tipo de cambio del dólar americano USD.
Además de las disposiciones establecidas en el contrato con el consorcio Aguas del Tunari, Según Bustamante (2004), otras causas para ocasionar el conflicto fueron las siguientes:
· la empresa pública de agua potable SEMAPA fue privatizada y dada en Concesión a un Consorcio recientemente creado (Aguas del Tunari) a través de un proceso muy cuestionable.
· con objeto de legalizar esta acción y otros contratos se aprueba en el congreso la Ley 2029, la cual bajo el paraguas del sector de agua potable y alcantarillado incluye regulaciones generales sobre el tema del agua, (una Ley de Aguas encubierta).
· a inicios del 2000 las tarifas de servicio de agua urbano se incrementan en un 100 % y hasta un 150 %
El Conflicto
En general, el conflicto por el agua empieza con las reuniones informales y movilizaciones de la FEDECOR en contra de algunas disposiciones de la Ley 2029. Este movimiento propiciado por los regantes articula a otros sectores para conformar la “Coordinadora en Defensa del Agua y de la Vida”. Poco después de la creación de esta organización, las demandas frente al Estado eran la modificación del contrato de concesión y de algunos puntos de la recientemente aprobada Ley 2029. Posteriormente, después del incremento tarifario por parte del consorcio, los intentos de negociación de la Coordinadora con la empresa y el Estado, fueron acompañados de marchas y bloqueos con varios enfrentamientos con la policía durante los primeros días de enero de 2000.
Después de este hecho, la Coordinadora decide hacer una consulta popular para revelar si la población estaba de acuerdo con tres aspectos: i) los incrementos tarifarios, ii) la vigencia del contrato de concesión, y iii) la privatización del recurso agua en el marco de la Ley 2029. El 98% no estaba de acuerdo con esas tres medidas (Bustamante, 2004). Luego de ello las medidas se radicalizaron y ya no se pedía solo la modificación del contrato de concesión, sino la salida del Consorcio de la ciudad de Cochabamba.
La última fase del conflicto se suscita durante los primeros días de abril del 2000. Este momento propició fuertes enfrentamientos entre la sociedad civil y la policía, y largas y complicadas negociaciones entre la Coordinadora y el Estado, y otros sectores sociales. Finalmente, después de que el Estado se vio acorralado por la población cochabambina, el 10 y 11 de abril se procede con la cancelación del contrato de concesión con Aguas del Tunari.
Con el fin del conflicto por el agua en Cochabamba, un logro importante para los regantes y pequeños prestadores del servicio de agua potable, fue la modificación de 36 artículos de la Ley 2029, que en lo posterior se denominaría Ley 2066, protegiendo de esa manera los usos y costumbre de los regantes, y logrando el reconocimiento de pequeños prestadores para la prestación del servicio de agua potable en la nueva normativa. Por otro lado, SEMAPA asimila un modelo de gestión público descentralizado con participación social, permitiendo la inclusión de miembros de la sociedad civil, elegidos por zonas, en el directorio de esta entidad. Finalmente, el consorcio, quien aducía que el conflicto no era una consecuencia directa de la privatización del servicio, sino más bien de una crisis general de la economía, el 2001demandó por 50 millones USD al gobierno boliviano en un panel de arbitraje internacional –CIADI- amparado en un tratado bilateral de inversiones que tiene Bolivia con los Países Bajos bajo las disposiciones de expropiación (Quiroz, 2004).
Situación Actual y perspectivas futuras
· La nueva empresa pública descentralizada con participación ciudadana fue una iniciativa de los sectores sociales que protagonizaron la guerra del agua, como la FEDECOR y la Coordinadora del Agua. SEMAPA cuenta con un directorio formado por representantes de la Coordinadora del Agua, del Municipio y representantes de los trabajadores.
· Este proyecto no tuvo los resultados esperados, volviéndose al estado de gestión ineficiente que caracterizaba a SEMAPA. Las elecciones para el directorio de SEMAPA, si bien fueron universales, no tuvieron la participación de toda la población; hecho que posiblemente fue ocasionado por una falta de socialización y sensibilización sobre la importancia de este proceso electoral en la gestión de SEMAPA.
Después de la guerra del agua, las tarifas se redujeron a un nivel similar al que tenían antes de la llegada del consorcio Agua del Tunari. Pero parece ser que las tarifas vigentes no logran cubrir todos los costos de
[1] FEDECOR: Federación Departamental de Regantes.
· funcionamiento de SEMAPA, incluidas las depreciaciones e inversiones futuras: principio fundamental para lograr la sostenibilidad económica de la empresa. Una prueba de esto, es que SEMAPA sigue recibiendo créditos concesionales y donaciones externas para realizar inversiones futuras y mejorar su infraestructura.
· El dinero no es suficiente para satisfacer la demanda urbana, la empresa tiene apenas una cobertura del 45% y todavía se reportan pérdidas de agua del 50% en las redes de abastecimiento (Quiroz, 2004). Ante esta situación posiblemente sea conveniente evaluar la estructura tarifaria, lo que no necesariamente significa pensar en un incremento, sino en una reasignación efectiva de todos los costos entre los diferentes tipos de usuarios, donde prevalezca un principio de solidaridad hacia los usuarios con menores ingresos económicos.
· Todavía está pendiente es el crédito del BID para la ampliación de las redes de agua potable y alcantarillado a la zona Sur de la ciudad de Cochabamba, que además implica discutir posibilidades de co-gestión entre los comités de agua potable de dicha zona y SEMAPA. Esta idea de ampliación tiene un costo aproximado de 60 millones de dólares, pero solamente se cuenta con aproximadamente 11 millones de dólares, sumando otros préstamos además del préstamo del BID.
· La consolidación de las obras para cubrir las necesidades de agua potable y saneamiento en la zona sur está sujeta a diversos factores, como por ejemplo la condicionante del BID de mejorar la eficiencia de la empresa reduciendo el número de trabajadores por conexión o las futuras discusiones sobre el modelo de co-gestión entre los Comités de Agua y SEMAPA, la población en general es conciente de los avances que se están haciendo para aumentar y mejorar la calidad del servicio.
· La demanda contra el gobierno Boliviano por parte del Bechtel en un panel de arbitraje internacional, quedó sin efecto el 2006 después de una venta simbólica de las acciones del consorcio al gobierno boliviano por el monto de 2 bolivianos (0.24 USD). Muchos sectores consideran que este hecho fue resultado de las protestas de organizaciones sociales en el ámbito nacional e internacional. Pero también cabe remarcar que los costos de esta disputa entre Estado e Inversionista en el CIADI, le costó a Bolivia cerca de un millón de dólares.
2. El segundo Conflicto por el agua: La pronta salida de Aguas del Illimani de las Ciudades de El Alto y La Paz.
El contrato con AISA.
El contrato de concesión de aprovechamiento de aguas y la prestación del servicio público de agua potable y alcantarillado para las ciudades de La Paz y El Alto, fue suscrito el 24 de julio de 1997 con el consorcio privado Aguas del Illimani S.A. (AISA)[1] por un periodo de 30 años. Según el contrato, el consorcio tenía el compromiso a llegar a una cobertura universal del servicio de agua en La Paz e instalar 71.000 conexiones domiciliarias de agua en el Alto hasta diciembre de 2001; además se propuso lograr una cobertura de alcantarillado del 90% en la ciudad de El Alto y del 95% en la ciudad de la Paz. También se había definido un máximo de 155 $US. Por derecho de conexión a agua potable y 180 $US. para alcantarillado, y la fijación de tarifas sociales orientadas a los pobres, pero indexadas al dólar y al índice de precios al consumidor.
La concesión incluye el “aprovechamiento de aguas” (numeral 2.2.)... Pero más aún, la concesión es de las cuencas, y no de fuentes específicas (anexo 4), donde se establecen aportes y caudales (Crespo, 2006). Se establece además que AISA podrá utilizar otras fuentes de agua previa solicitud, aguas que podrán provenir ya sea de fuentes superficiales subterráneas o de otro tipo.
[1] El consorcio Aguas del Illimani tiene como socio mayoritario a la transnacional Suez Lyonnaise des Eaux. La Suez es una corporación que domina buena parte del mercado mundial de agua, vende servicios a más de 120 millones de personas. Sus ganancias totales al 2003 alcanzaron 52 mil millones de dólares.
El Conflicto
Crespo (2006), detalla una serie de protestas por parte de la población, principalmente de El Alto, desde el momento mismo de la firma del contrato de concesión con AISA (1997), los mismos que se hacen mas notorios luego de la guerra del agua en Cochabamba. Los motivos de estas protestas estaban relacionados principalmente con:
o El incremento en las tarifas, que se había producido justo antes de firmarse el contrato.
o El incumplimiento de las metas de expansión en El Alto.
o Contaminación de cursos de agua (río Choqueyapu, lago Titicaca).
o El contrato con AISA tiene características lesivas al Estado y a la población.
En el primer quinquenio del contrato (1997-2001) se produce un cambio en la composición societaria del consorcio Aguas del Illimani. La Suez Lyonnaise pasa a ser el socio mayoritario con 54 % del paquete accionario (a la firma de contrato tenia solo el 35 %) y el IFC (Internacional Finance Coorporation), subsidiario del Banco Mundial, pasa a ser socio del consorcio con un 8 % de las acciones. Lo último se produce luego de la guerra del agua como una medida del Banco Mundial para dar confianza a los inversores privados (Bakker, en Crespo, 2004). Sin embargo, esto a su vez pone en duda la neutralidad del Banco en caso de una disputa legal con AISA.
A fines del 2001, plazo establecido para la revisión del cumplimiento de las metas establecidas en el contrato, resultado de una negociación con AISA, la Superintendencia de Saneamiento Básico (SABSA) emitió dos resoluciones (la 79/2001 y la 80/2001) que modifican aspectos específicos del contrato (Crespo, 2004).
La Resolución 79/2001, si bien establece en su primer punto mantener el sistema tarifario establecido en el contrato, en el segundo aprueba el incremento del cargo por concepto de formulario, de $US 0.10, a $US 0,220 por conexión y por mes para las conexiones domésticas de los sistemas de El Alto, y $US 0.3444 para los sistemas de Achachicala y Pamphahasi, así como para todas las conexiones comerciales e industriales de la concesión. El tercer punto señala que la nueva estructura tarifaria será definida una vez aprobados los Reglamentos de Ley Modificada de Agua Potable y Alcantarillado Sanitario No 2066.
Las organizaciones sociales no participaron de la negociación de este acuerdo, lo cual una vez conocidas las resoluciones causa mucho malestar.
Las movilizaciones e intentos de negociación más contundentes que fueron encabezados por la FEJUVE de El Alto, se dieron en el período de octubre a diciembre de 2004; los días más cruciales fueron el 10, 11 y 12 de Enero de 2005, donde se decreta un paro indefinido fuertemente respaldado por otras organizaciones sociales. Inmediatamente después, el nuevo presidente: Carlos D. Mesa instruye la aprobación de una serie de Decretos Supremos para liquidar el contrato de concesión con la empresa Aguas de Illimani S.A. Pero hasta junio de 2006, el consorcio todavía sigue administrando el servicio; es un hecho que se tienen que ir, pero todavía no se sabe cómo, y qué modelo se va adoptar después de su salida.
El análisis del contrato de concesión fue, si duda, un elemento que le dio poder a la FEVUJE, pero por otro lado, las posibilidades de negociación para resolver la problemática del agua en estas dos ciudades fueron neutralizadas por el mismo Estado.
Situación Actual y perspectivas futurasAunque la terminación del contrato con AISA es inminente, la forma en que esta se realizaría es todavía incierta. La movilización de El Alto logró la salida del anterior superintendente de saneamiento, principal aliado de AISA, la instancia que debía fiscalizar el contrato y que se encargó de cubrir todos los incumplimientos que podrían haber sido utilizados para una salida legal. Actualmente hay un nuevo superintendente aceptado por la FEJUVE, quien es un actor principal en llevar adelante la decisión de rescindir el contrato.
El gobierno actual y las organizaciones manejan dos posibles salidas para la terminación del contrato con AISA: (i) una vía concertada en la que se concluiría el contrato ya sea con una compra de las acciones del consorcio o una terminación de mutuo acuerdo y (ii) una vía unilateral que implicaría la revocatoria de la concesión por parte del Estado.
Asimismo, se maneja la idea de la creación de una Empresa social que estaría a cargo del servicio de agua potable y alcantarillado en el futuro, adoptando de alguna manera el modelo propuesto en Cochabamba después de la guerra del agua. Sin embargo, todavía no existe una definición al respecto.
3. Lecciones Aprendidas
Un primer elemento que debe ser resaltado es que en ambos casos no existió un proceso de privatización en sentido estricto, ya que la prestación del servicio no fue transferida al sector privado, sino otorgada en Concesión por un cierto tiempo. De esto se puede inferir que si bien el modelo de gestión –privada o no– es importante, lo realmente fundamental es la orientación y el contenido –mercantilista o no- de la gestión.
En relación al proceso que permitió la participación privada en el sector, un aspecto que resultó evidente de ambos casos, es que los procesos de licitación y adjudicación de Contratos en el sector público, a pesar de todos los resguardos procedimentales existentes, pueden ser manipulados para servir los intereses de ciertos sectores de poder. Es decir, todavía no existe mecanismo de control social que garantice que el interés colectivo de la ciudadanía sea protegido.
Otra cuestión que se evidencia en ambos casos es la intervención directa de algunos organismos de la cooperación internacional en las políticas de Estado. Tanto en el caso de Aguas del Tunari como en el de AISA, la cooperación internacional aparece como un actor central en diferentes momentos, promoviendo la participación privada y haciendo manifiesta la debilidad institucional y la dependencia que todavía existe en el sector.
En relación a los conflictos surgidos, se puede decir que la construcción de gobernabilidad requiere no solo de espacios formales de participación de la sociedad civil, sino de una combinación de factores que incluyen el acceso a la información de interés publico, transparencia en la gestión, mecanismos de participación efectiva, etc. Cuando estos elementos están ausentes la población recurrirá a la movilización y el conflicto como estrategia para abrir espacios de dialogo.
Otra lección importante de ambos casos, esta vinculada a la forma tradicional de formular política pública y también a los contenidos de esta política para el sector.
En relación al primer punto, la guerra del agua en Cochabamba, cuestionó fuertemente la falta de participación social en la definición de las políticas y normativas del sector marcando un hito importante, ya que a partir de entonces se ha instaurado una nueva forma de construcción normativa que incluye la participación y la consulta.
En cuanto al contenido de las políticas publicas para el sector, ambos casos ponen de manifiesto que los lineamientos que se definen siguiendo modelos externos, no responden a la realidad del país. Esto se manifiesta de forma mas clara en relación al marco normativo existente en el momento, ya que de esa forma las propuestas que surgen van a tener un fuerte componente jurídico – legal y no así un componente político. Algunas de las cuestiones centrales que se incluyen aquí son:
- El tema de la regulación mediante Superintendencias
- La participación social en la institucionalidad existente en el sector
- La otorgación de Concesiones a través de Contratos
- La consideración de la diversidad de operadores (en los ámbitos urbanos, peri-urbanos y rurales)
Los temas mencionados se reflejan actualmente en la nueva propuesta de Ley de Saneamiento Básico, actualmente en discusión, en la cual se elimina la Superintendencia de Servicios Básicos, remplazándola por una entidad con mayor participación social. Asimismo, se elimina la figura de la Concesión y se reemplaza con diferentes tipos de Licencias para la prestación del servicio (según diferentes tipos de operadores) y Autorizaciones para el uso de fuentes de agua.
Los casos de Aguas del Tunari y AISA, también sirven para ilustrar los efectos de la participación privada y la mercantilización del sector. Sobre esto se ha escrito bastante y solo vamos a referirnos a algunas cuestiones que nos parecen centrales:
- En primer lugar, es innegable que la participación privada en el sector esta asociada a la obtención de lucro, lo cual resulta muchas veces incompatible con la orientación que debería tener la prestación de un servicio básico.
- La inviabilidad de la idea de recuperar la inversión mediante la tarifa y los otros cargos (de conexión por ejemplo), cuando al mismo tiempo se quiere alcanzar con el servicio a las poblaciones más pobres y vulnerables. En definitiva parece claro que esta es una responsabilidad del sector público como parte de su mandato de velar por el bien colectivo.
Finalmente, y en relación al modelo de gestión más idóneo para la prestación de este tipo de servicio básico, es importante indicar que en ambos casos se plantea un retorno a la modalidad de gestión pública, pero con participación y control social; es decir con un componente que permita un relacionamiento y una vigilancia que hasta ahora no había existido. El desafió de crear nuevas estructuras organizacionales que respondan a esta demanda, esta todavía vigente y tiene su ámbito de posibilidad en los espacios que se han abierto gracias a movilización social durante las “guerras del agua” en Bolivia.
4. Recursos
Bustamante, R. (2004) The Water war: resistance against privatisation of water in Cochabamba, Bolivia. Rega Global Water Partnership.
Crespo, C. y Fernandez, O. (2004) Estado, movimientos sociales y recursos hídricos. Presión social y negociación luego de la guerra del agua de Cochabamba. Informe final. Programa conflictos y colaboración. CESU-UMSS. Cochabamba, Bolivia.
Disponible en: http://idrinfo.idrc.ca/archive/corpdocs/121552/5-CESU_2.pdf
Kruse, T. (2000) Las victorias de Abril: una historia que aún no concluye. Observatorio Social de América Latina. Septiembre 2000.
Disponible en: http://osal.clacso.org/espanol/html/osal2.html
FOBOMADE (Mayo, 2005) El proceso de privatización del agua en Bolivia.
Disponible en: www.fobomade.org.bo/agua/priv_agua.pdf
Instituto Nacional de Estadística (2003) Resultados censo nacional de población y vivienda.
Disponible en: www.ine.gov.bo
Ledo, C. (2005) Agua potable a nivel de hogares con una dimensión de género: derecho de las mujeres al agua en las ciudades de El Alto, La Paz y Cochabamba. CEPLAG-UMSS. Cochabamba, Bolivia.
Ministerio del Agua (2006) Aguas del Illimani. Presentación de diapositivas. Ministerio del Agua, La Paz, Bolivia
Quiroz, F. (2001) La Privatización de los Servicios Públicos de Agua Potable y Saneamiento Básico: El caso de la Guerra del Agua en Cochabamba 2000. Tesis de Grado para optar al Titulo de Licenciado en Economía. UMSS
Spronk, S. (2006) Empowerment of the Poor or Simply Poor Policy? The World Bank and the Fiasco of Water Privatization in El Alto, Bolivia. Paper prepared for presentation at the International Studies Association, Panel: “Troubled Waters”. March 23, 2006. San Diego, USA,
COMUNICADO
EN EL 474 ANIVERSARIO DE LA CIUDAD DE LIMA
URGEN ACCIONES DE RENOVACIÓN URBANA PARA HACER DE LIMA UN CENTRO VIVO Y AUTÉNTICO
En el 474 aniversario de la fundación española de la ciudad de Lima, el Centro de Investigación, Documentación y Asesoría Poblacional (CIDAP) comparte con el gobierno central, el gobierno metropolitano y la ciudadanía una relación de temas pendientes en torno a la problemática de renovación urbana y destugurización que urgen ser desarrollados en beneficio de nuestra ciudad, en particular de nuestro Centro Histórico -incluido en la Lista Watch 2008 del Fondo Mundial Monumentos (WMF), como uno de los 100 sitios monumentales más amenazados en su conservación- :
Urge el diseño y ejecución de una Política Nacional de Renovación Urbana como proceso integral para preservar sus "corazones históricos" como centros vivos y auténticos (Plan Nacional de Destugurización y del Bono de Destugurización ofrecido por el Gobierno Central).
Urge el nombramiento de la Comisión Evaluadora, que en cumplimiento de lo establecido en el artículo 3º del Decreto de Urgencia 051-2008: Ley del inquilinato, se encargue de presentar la propuesta normativa que permita dar soluciones definitivas a la problemática habitacional de los habitantes de inmuebles tugurizados de los centros históricos del país. Urge que en la composición de la Comisión se encuentre todos los sectores públicos, así como la representación de las organizaciones sociales y la sociedad civil.
Urge el liderazgo municipal metropolitano en el diseño y ejecución de proyectos municipales de renovación urbana, similares al Conjunto la Muralla, en cientos de predios tugurizados, que en muchos casos son también patrimonios monumentales., poniendo en marcha el Fondo Municipal para la Renovación Urbana y la activa participación ciudadana.
Urge el desarrollo de experiencias emblemáticas de impacto, que pongan en valor el patrimonio habitado. Una experiencia concreta puede ser la Casa de las Columnas, inmueble de propiedad de la Sociedad de Beneficencia de Lima, que hoy cuenta con un proyecto para ser restaurado sin expulsar a las 60 familias que lo ocupan desde hace muchos años. El proyecto esta en condiciones de ser financiado por el World Monuments Fund, post firma de convenio con la SBLM y ejecutado por CIDAP y la Escuela Taller de Lima – AECID y se propone recuperar el área patrimonial alrededor del primer patio y convertirlo en destino turístico que no pierde habitantes, potencia patrimonialidad y refuerza identidad.
SE AGRADECE DE DIFUSIÓN
Lima, 15 de enero de 2009
CENTRO DE INVESTIGACIÓN, DOCUMENTACIÓN Y ASESORÍA POBLACIONAL CIDAP
